Esta expropiación fue anulada por considerarse incompetente a la comisión Territorial de Urbanismo por el Tribunal Superior de Justicia de Valencia y por el Tribunal Supremo, lo que obligó al Ayuntamiento a pagar en 2013 a los propietarios una suma adicional de 4.951.322,86 € entre capital e intereses, al tener que aplicarse el valor del suelo del año 2008, año en el que se tuvo que reiniciar la expropiación, aplicándose los intereses con el valor nuevo de 2008 pero retroactivamente desde el año 2000 en que la Conselleria autorizó la ocupación de los terrenos al Ayuntamiento.
Según el Alcalde, las sentencias del Tribunal Supremo dejaron claro que la Conselleria se equivocó al aplicar la legislación.
Ahora, la Conselleria antes de resolver la reclamación ha puesto de manifiesto el expediente al Ayuntamiento para alegaciones, siendo el criterio jurídico de la Conselleria que no debe de responder del error que cometió ella misma, porque el propietario de los terrenos es el Ayuntamiento y él debe pagar el precio de expropiación, sea el que sea.
El Alcalde solicitó informe a los Servicios Jurídicos de la Diputación Provincial, institución que asesora técnica y jurídicamente a los ayuntamientos cuando lo necesitan, y este informe es claro en cuanto al derecho del Ayuntamiento a ser indemnizado, pues coincide con los informes jurídicos de la Secretaria General y del Jefe del área de Patrimonio del Ayuntamiento, ya que por un lado quien tenía que aprobar o anular la expropiación era la Comisión Territorial de Urbanismo de la Conselleria, y ésta aprobó el expediente erróneamente, lo que provocó el incremento del valor haciendo aplicable no el valor de 1998, cuando se inició la expropiación por el Ayuntamiento, sino el de 2008, cuando mayor era el valor del suelo en España, porque fue en esa fecha cuando el Ayuntamiento pudo reiniciar el expediente de expropiación, ya que hasta ese año no acabaron los pleitos que la Conselleria mantuvo con los propietarios sobre el primer expediente de expropiación.
El segundo argumento claro del informe jurídico, según el Alcalde para hacer responsable a la Conselleria, es que el terreno expropiado no lo fue para una obra de competencia municipal, sino que fue la propia Conselleria de Educación la que pidió mediante escrito al Ayuntamiento que expropiase precisamente esos terrenos y no otros, para que la Generalitat construyese allí los dos colegios Julio Quesada y Mestra Pilar Ruiz, por lo que la expropiación se hizo en interés de la Conselleria de Educación y por ello, es la Generalitat la que debe de responder del incremento del valor de expropiación.
El Alcalde ha indicado que el siguiente trámite previo a la resolución por la Conselleria, será la emisión del informe preceptivo por el Consejo Jurídico Consultivo de la Generalitat Valenciana.
El Alcalde ha recordado que con posterioridad a la reclamación, presentó el 24 de marzo de 2014 una propuesta de transacción amistosa por la que estaba dispuesto a que el Ayuntamiento retirase esta reclamación de indemnización, a cambio de que la Generalitat construyese la Escuela Teatro Chapí, con un valor de proyecto de 6,6 millones de euros, obra a la que se había comprometido la Generalitat, cuyo proyecto está totalmente terminado y que se podría ejecutar con sólo licitar las obras. El Alcalde ha reiterado que esta oferta sigue en pie.
