Cuando se aprobó la ordenanza, indica Asencio, todos los grupos políticos eran conscientes de que se estaba regulando la instalación de las antenas pudiendo ello invadir competencias del Estado. “Así lo hicieron también otros ayuntamientos, porque si se consultaba al Estado su informe era que las ordenanzas no podía controlar ni regular aspectos técnicos que dependían del Ministerio” añade Asencio , quien matiza que de haber pedido el informe, ello hubiera impedido aprobar la ordenanza que tanto vecinos como grupos políticos querían se llevara adelante, añadiendo que: “lo que se hizo en su día fue aprovechar ciertos resquicios interpretativos en la ley para aprobar una ordenanza, sabiendo que el Ministerio no estaba de acuerdo con ese tipo de regulaciones y hubiera informado en contra de haberle pedido el informe “ .
Según el alcalde el Ayuntamiento utilizó como título legal su capacidad municipal para regular las antenas, en lugar de reconocer la competencia legal del estado para regular las telecomunicaciones, en cuyo caso habría que haber solicitado el informe.
La primera autoridad señala que la ordenanza ha estado regulando desde 2012 la instalación de antenas en el municipio y ha servido para dificultar y retrasar la aprobación de determinadas peticiones de antenas, que es lo que demandaba la ciudadanía. Asencio detalla también, que antes de anular la ordenanza, por parte de varias empresas de telefonía llevaron a los tribunales su clausulado y estaban en suspenso algunas de las limitaciones.
El Alcalde indica que la anulación de la ordenanza no ha producido ningún daño, porque el marco legal de telecomunicaciones ha cambiado también en este tiempo y la nueva legislación está anula las ordenanzas municipales, como la de Crevillent, con o sin informes del Ministerio. La Ley General de Comunicaciones de mayo de 2014 deroga las anteriores leyes de 1998 y 2003 y deja claras las competencias del Estado , restringiendo las competencias de los ayuntamiento en esta materia y dejando claro qué aspectos puede regular o no los consistorios. “Al margen de la sentencia que anula la ordenanza municipal, ésta queda derogada por la propia ley de este mismo año , así que el resultado es el mismo . Habría que hacer una nueva ordenanza en relación a la nueva legislación que hay en estos momentos “.
Finalmente César Augusto Asencio ha señalado que desde el Ayuntamiento se va a estudiar la nueva Ley de Comunicaciones, y en su caso articular una nueva ordenanza, y dentro de los límites que establece, regular determinados aspectos que mejoren su aplicación, aunque ahora los ayuntamientos con la nueva legislación van a tener menos margen para aplicar medidas regulatorias en el campo de las telecomunicaciones.
