El Supremo falla para que los ayuntamientos de la provincia de Alicante no cobren tributos a las empresas de telefonía móvil que usan el dominio público local

El Supremo ha fallado recientemente   para que los ayuntamientos de la provincia de Alicante no cobren tributos a las empresas de telefonía móvil que usan el dominio público local. Ante esta noticia la Primera Teniente de Alcalde Loreto Mallol, ha indicado que el Ayuntamiento de Crevillent hizo bien en desistir en el Recurso de Casación interpuesto ante el Tribunal Supremo,  contra una sentencia que anulaba el cobro de tasas por la utilización  del dominio público local a una empresa explotadora del servicio de telefonía móvil.

Mallol explica que la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa  por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio  público local, a favor de empresas explotadoras o prestadoras del servicio de telefonía móvil, se reguló a raíz de sentencias que eran favorables al cobro de las tasas, pero  una vez se vio que jurídicamente era inviable, como estaban ratificando los tribunales, ya no tenía ningún sentido seguir con el recurso de casación, pues no iba a tener éxito e iba a suponer el gasto del abogado y del procurador .  Por este motivo,  se presentó al pleno el desistimiento del recurso para su aprobación.

 

Según Mallol, haber seguido adelante con este recurso y con otros que se tenía previsto preparar, puesto que había que presentar un recurso por cada compañía telefónica, hubiera supuesto un gasto innecesario para el Ayuntamiento  ya que el Supremo está fallando en contra de todos los ayuntamientos que decidieron seguir adelante con los recursos.

Todas las Ordenanzas aprobadas por los diferentes ayuntamientos tenían una redacción muy similar y pretendían aprobar unas tasas por ocupación del espacio público local a las empresas explotadoras o prestadoras del servicio de telefonía móvil, tras la bajada de la utilización de la telefonía fija y las empresas afectadas las recurrieron en masa.

Las sentencias dictadas por el Tribunal Supremo se basan en una resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y de momento ya las han recibido 24 de los muchos municipios alicantinos que decidieron seguir con los recursos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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