El pliego de condiciones va acompañado de dos informes técnicos, uno económico que solicitó el PSOE en un pleno, en el que se analiza el coste económico de la gestión directa por el Ayuntamiento y el de la gestión indirecta como hasta ahora, con una empresa. El segundo informe de personal, aclara otra vez que en caso de no contratar nuevamente a una empresa, con gestión directa del Ayuntamiento, los actuales empleados de la contrata perderían su puesto de trabajo, pues el Ayuntamiento no tiene obligación de subrogarse y sí el deber legal inexcusable de ofertar públicamente las 49 plazas del servicio mediante oposiciones. Añadiendo el informe que actualmente no es posible ofertar nuevas plazas públicas por la congelación de plantillas de la Ley de Presupuestos del Estado.
Respecto al coste económico. El precio de licitación inicial es de 1.418.054 euros, IVA incluido, aunque igual que sucedió en la contrata de la basura, con la baja prevista en las ofertas del 15%, el precio de adjudicación real será de 1.205.346 euros, incluido el 19% de los gastos generales y el beneficio industrial de la empresa, mientras que con la gestión municipal, aunque los costes de personal son la inmensa mayoría no conllevan IVA por ser personal propio, aún así el coste sería de 1.469.189 euros, con un mayor coste anual con la gestión municipal de 263.843 euros, teniendo en cuenta el aumento salarial sobre los puestos de trabajo equivalentes de los funcionarios, la menor jornada de trabajo de los funcionarios respecto de los laborales de la empresa, y alguna cuestión más. Estos informes económicos y de personal vienen firmados por el Aparejador municipal y el Jefe del área de personal.
Además si el Ayuntamiento tuviera que asumir la gestión directa, tendría que hacerse cargo de los siguientes gastos adicionales, que en cambio la empresa ya incluye en el precio: las sustituciones del personal por bajas o vacaciones, un responsable del servicio para controlarlo en al menos una hora diaria, un administrativo a tiempo completo encargado de la gestión del personal (nóminas, contratación, altas y bajas, prevención, seguridad y salud, la contabilidad y gestión económica con proveedores, pedidos, facturas, pagos…etc), y finalmente el alquiler del vehículo del encargado. Estos gastos que asume la empresa hacen que aún el ahorro sobre la gestión directa del Ayuntamiento sea mayor.
El contrato se licita por cuatro años, con un máximo prorrogable de hasta dos años.
Los criterios puntuables son objetivos, básicamente el precio o las mejoras del servicio, no puntuándose las bajas inferiores al 15% del precio licitado. A igualdad de puntos se desempatará en favor de la empresa que entre su plantilla tenga mayor número de trabajadores con discapacidad.
En el pliego se ha incluido una cláusula social, por la que la empresa adjudicataria en los casos de contratación temporal por bajas, vacaciones, etc…, se obliga a contratar a personal en situación de desempleo registrado en el SERVEF y en su caso en la bolsa municipal de empleo cuando esté vigente, en la que se tendrán en cuenta las situaciones de emergencia o necesidad social.
Esta cláusula se incluye a instancias del grupo del PSOE que adelantó que en caso de que fuese más viable técnica y económicamente la gestión indirecta que la directa municipal, las sustituciones no debían de ser cubiertas libremente por la empresa, sino de entre una bolsa municipal en donde tuvieran preferencia las familias más necesitadas, lo que fue aceptado por el PP y a lo que se sumó Ciudadanos.
