NOTA DE PRENSA DEL ALCALDE EN DEFENSA DE LOS INTERESES GENERALES DEL MUNICIO Y DEL AYUNTAMIENTO ANTE LAS ACUSACIONES DEL EX INTERVENTOR FERNANDO URRUTICOECHEA

Ante las públicas manifestaciones y acusaciones vertidas por el Sr. Urruticoechea Basozabal, ex interventor del Ayuntamiento de Crevillent, en la charla ofrecida en la Casa Municipal de Cultura el pasado día 18 de septiembre con el título “Corrupció a Crevillent”, frente a este Ayuntamiento de Crevillent como institución, con el ataque y las acusaciones de corrupción generalizadas en el municipio, no solo hacia sus miembros corporativos, sino también a sus funcionarios, entidades y asociaciones locales, concesionarias de servicios públicos, etc.., todo ello a través de los datos e información que el Sr. Urruticoechea conoce como consecuencia del desempeño de su cargo de Interventor Municipal y que utilizó para expresar opiniones personales,  que pueden vulnerar los más básicos principios del código de conducta de los empleados públicos regulados en el Estatuto Básico de los Empleados Públicos.

Por el Sr Alcalde, como representante del Ayuntamiento de Crevillent y en la obligación de la defensa de los intereses generales del municipio y del Ayuntamiento al que representa,  se emite la siguiente Nota de Prensa dada a los medios de comunicación.

El Sr. Urruticoechea, tiene abierto actualmente un nuevo expediente disciplinario por haber incumplido sus obligaciones en el trabajo, por su bajo rendimiento  y por su abuso de autoridad, expediente que ha sido informado favorablemente por todos los representantes de los empleados y de los sindicatos, en el Comité de Empresa del Ayuntamiento. En venganza de todo ello y para deslegitimar ese nuevo expediente disciplinario, porque el primero caducó, no lo ganó el Sr. Urruticoechea. El Sr. Urruticoechea dice que ha estado perseguido en el Ayuntamiento porque estaba destapando ilegalidades, inventándose como ya hizo contra el alcalde de Castro Urdiales, tramas o casos de corrupción, que denunció y que no han prosperado porque todo se lo han archivado o desestimado al Sr. Urruticoechea, queriendo justificar su escasa asistencia al trabajo y su retraso en los expedientes en depresiones mentales causadas según él, por el acoso del alcalde, concejales, y funcionarios.

Acoso laboral que hasta en tres procedimientos judiciales distintos con sentencias en primera instancia y luego en apelación, se rechazó contundentemente por los tribunales que existiera, y en uno de cuyos procedimientos reclamaba para él 226.000 € al Ayuntamiento.

También el Sr. Urruticoechea, acusó el 17 de abril de 2009 en una rueda de prensa a los jueces y fiscales de Cantabria de ser colaboradores en la sombra de los corruptos, por no darle a él la razón en los procedimientos judiciales que irresponsablemente puso en marcha.

Según el Alcalde, este Sr. tiene  un grave problema psicológico que le lleva a deformar la realidad, al percibir los hechos de una forma obsesiva y distorsionada. Además ha afirmado que abusa de su condición de Interventor para dar una aparente credibilidad y gravedad a sus denuncias, actuando de mala fe contra alcaldes, funcionarios y empresas, utilizando información reservada que tiene como funcionario, y que dado el fallido resultado de sus denuncias, debería ello dar lugar a un procedimiento de oficio para inhabilitarlo de la Función Pública, algo muy difícil porque la actual normativa estatal se ha dictado durante años en beneficio de este grupo corporativo.

El último caso ha sido el auto de 27 de julio de este año en donde el Sr. Urruticoechea había denunciado en 2008 por prevaricación al Alcalde, a los concejales de la Junta de Gobierno y a la  Secretaria Municipal, por haber ejecutado una obra sin expediente de contratación, pues bien, después de seis años, el juez de Instrucción nº 2 de Castro Urdiales ha dictado un auto de archivo de la causa destacando su resolución, que el Sr.Urruticoechea no se había estudiado todo el expediente y que hizo la denuncia desconociendo elementos esenciales, pues en esa obra no era necesario el expediente de contratación.

 

Para terminar, el Alcalde ha dicho que todas esas “presuntas irregularidades o corrupciones”, que no afirma ni asegura con certeza el Sr. Urruticoechea, pues ello le podría hacer responsable de un delito de injurias y calumnias, son otras fantasías más de su imaginario obsesivo, que en caso de que fuesen ciertas, él sería el primer responsable de ellas porque desde el 27 de abril de 2009 en que se incorporó a Crevillent, hasta marzo de este año en que se trasladó a Orihuela, no advirtió nada ni hizo informe alguno sobre esos temas ahora tan graves, y que eran muy anteriores a su llegada, como la contratación de Abornasa en 1997, la prórroga de Aquagest en 2002, la nave de SELESA en 2003, El Pinar en 2007, expedientes que tenía  a su disposición y que con su firma lo conformó todo, los pagos a Abornasa durante más de tres años, las tarifas de agua de Aquagest y las liquidaciones de cuentas, en El Pinar y la nave de SELESA llegó a contratar él mismo a la Consultora Garrigues con 20.880 € para que le ayudasen a contabilizar y actualizar la situación patrimonial de los convenios y que por cierto, ninguno de esos estudios dice que El Pinar o la nave de SELESA sean ilegales.

Es más, todos los actos que dice que pueden ser ilegales, están informados favorablemente por los técnicos superiores del Ayuntamiento en todos los casos, entre ellos por el propio Sr. Urruticoechea, salvo a partir de mitad del año 2012 debido al caos en su gestión y las constantes ausencias en el trabajo, lo que llevó al Alcalde a exigirle el cumplimiento del horario y sus deberes, momento a partir del cual arbitrariamente comenzó a cambiar sus informes, echando un pulso al Ayuntamiento intentando bloquearlo con sus reparos de legalidad. Retrasó el pago de subvenciones a las entidades crevillentinas, de los convenios, a los proveedores, incluso casi consiguió el corte de luz en Crevillent porque se negaba a dar la conformidad a las facturas que había firmado siempre él.

Sus reparos e informes fueron contestados por los demás técnicos y jurídicos municipales, de acuerdo con los informes de los Servicios Jurídicos de la Diputación Provincial y de la Sindicatura de Cuentas.

 

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