Según el Alcalde, esta petición se solicitó desde el Ayuntamiento en ejecución del acuerdo de pleno de 27 de febrero de 2017 en el que se aprobó una moción del Grupo de L’Esquerra gracias al voto favorable de Compromís, del PSOE, de la Concejal No Adscrita y de la abstención de Ciudadanos que sumaban 10 votos, mientras que el PP aunque votó en contra, con sus 9 votos no pudo impedir esta iniciativa.
El Alcalde ya advirtió que la seguridad es una competencia exclusiva del Estado y que el Ayuntamiento no puede asumir o usurpar funciones de otra administración sin su consentimiento, además de ser una competencia impropia del Ayuntamiento, por lo que el informe de la Intervención Económica de Fondos es negativo frente a cualquier gasto que sea competencia de otra administración, salvo que esa administración autorice al Ayuntamiento a asumir esa competencia que no es municipal.
La Subdelegación del Gobierno deniega esa autorización en base al informe del Coronel Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Alicante, de fecha 15 de mayo en el que afirma que “no parece que exista motivo aparente que justifique la necesidad de un aumento del servicio de vigilancia, complementado con guardas rurales”.
El Alcalde ha dicho que “ahora con el informe de la Subdelegación del Gobierno queda sin eficacia el acuerdo de Pleno anterior en el que se exigía al Gobierno Municipal que financiase y crease estas patrullas rurales”.
