Un concurso de acreedores es un procedimiento legal que se origina cuando una persona física o jurídica deviene en una situación de insolvencia en la que no puede hacer frente a la totalidad de los pagos que adeuda. El concurso de acreedores implica un proceso destinado a satisfacer una serie de deudas y, en última instancia, salvar la empresa de una disolución.
La OMIC señala que el 17 de septiembre se publicó en el Boletín Oficial del Estado la declaración de concurso voluntario, que será tramitado por procedimiento ordinario. Con respecto a este concurso, las personas acreedoras de la entidad concursada comunicarán sus créditos en plazo de 1 mes desde la publicación en el BOE (hasta el 17 de octubre). Las personas acreedoras y demás personas interesadas en personarse en el concurso lo deberán realizar por medio de un abogado y persona procuradora.
Asimismo, la OMIC explica que cualquier persona acreedora de la empresa dental que no ha recibido el tratamiento podría comunicar los créditos a la Administración Concursal ERNST AND YOUNG ABOGADOS, S.L.P. La comunicación se formulará por escrito firmado por la persona afectada dirigido a la Administración Concursal y podrá presentarse en el domicilio designado al efecto.
En la comunicación de los créditos se expresará: nombre, domicilio y demás datos de identidad de la persona acreedora, así como los relativos al crédito, cuantía, fechas de adquisición y vencimiento, características y calificación que se pretenda. También se indicará un domicilio o dirección electrónica para que la Administración Concursal realice las comunicaciones oportunas. A la comunicación se acompañará copia del pago efectuado.
Para esta comunicación de créditos a la Administración Concursal no hará falta comparecer con profesionales de la Abogacía y de la Procuraduría. No obstante, si que haría falta posteriormente para comparecer en el procedimiento.
Cualquier persona interesada en iniciar actuaciones judiciales, puede solicitar la justicia gratuita en el Colegio de Abogados. Esta asistencia será gratuita, solo en el caso que se acredite documentalmente no disponer de recursos económicos y reunir los requisitos legales exigibles para recibir dicha asistencia.
Además, la Oficina Municipal de Información al Consumidor aconseja que para iniciar acciones por la vía judicial es conveniente tener el historial clínico de los tratamientos realmente efectuados al paciente.
Por último, destacan que es oportuno, que el reclamante aporte un Informe Clínico en el que se refleje la situación actual de la boca del paciente, las necesidades terapéuticas y el importe económico que supondrán dichos tratamientos.
Desde la OMIC recuerdan que solamente son competentes para ayudar a los afectados con la solicitud de historial clínico y si existe financiación y todavía se está pagando, realizar mediación con la entidad financiera.
