Después de varios pleitos y recursos, unos ganados por el Ayuntamiento en el Jurado de Expropiación del Estado y en la Comisión Territorial de Urbanismo de la Conselleria, y parcialmente en el Tribunal Superior de Justicia de Valencia, finalmente, la demora en el procedimiento provocó que el Tribunal Superior de Justicia de Valencia ordenara el reinicio del expediente de expropiación con valores del año 2008, muy superiores a los del año 1997, cuando se inició la tramitación del expediente.
El Ayuntamiento pagó en 2013 los 4,9 millones de euros de valor de la expropiación y reclamó ante la Conselleria tal pago, por ser la Conselleria la que tenía la responsabilidad de la aprobación o no definitiva del expediente de expropiación, a la vista de las 2 sentencias de 2013 del Tribunal Supremo.
El Ayuntamiento, según la resolución, no puede repercutir ese importe a la Conselleria de Infraestructuras porque es el Ayuntamiento el que adquiere la propiedad del terreno y se beneficia de él, aunque sea para construir un colegio de la Generalitat, y tiene que correr y asumir los riesgos del aumento del valor de tasación por ser el beneficiario de la expropiación.
Según informa el Alcalde, esta resolución, viene avalada por el informe del Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana, quien dictamina que la vía urbanística de expropiación de tasación conjunta, “era una interpretación jurídicamente posible, sin perjuicio de que después los Tribunales estimaran más ajustado que lo era el de expropiación”.
Ante esta resolución, y a la vista de que el Consejo Jurídico Consultivo Valenciano es un órgano jurídico cualificado, que aunque no cierra el acceso a los Tribunales, su criterio suele ser bastante respetado, el Alcalde ha informado que salvo informe jurídico a favor del contencioso administrativo de los Servicios Jurídicos Municipales y de la Secretaría General, su parecer es el de no recurrir, con el fin de no producir gastos jurídicos, ya que hasta el momento la reclamación se ha seguido en la vía administrativa sin coste.
De esta resolución se dará cuenta en el próximo pleno ordinario de este mes de julio, ya que fue el pleno el que aprobó presentar esta reclamación durante la anterior Corporación.
