La sentencia del Juzgado de Elche anuló el contrato por considerar que la planta de Abornasa estaba en suelo protegido y que había caducado el plazo para obtener la autorización ambiental integrada, pero rechazó de la denuncia de los concejales de Esquerra Unida y Esquerra Republicana, los señores Vicente Selva y Daniel Galvañ, que la contratación hubiera sido “un traje a medida” y declaró válido todo el proceso de contratación desarrollado por el Ayuntamiento.
De la amplia documentación existente y con la documentación parcial presentada por los señores Galvañ y Selva, el Juzgado de Elche omitió el análisis de algún documento y le llevó al error de interpretar que el suelo donde está Abornasa está protegido y que la prórroga del permiso estaba caducado.
El Alcalde ha explicado que ahora los señores Daniel Galvañ y Vicente Selva del grupo de L´Esquerra, “se han largado del Ayuntamiento y que han dejado el muerto a todos los crevillentinos”. Por un lado, el cierre de Abornasa ha provocado al Ayuntamiento en estos dos años 211.200 € de mayor coste por el tratamiento de la basura orgánica trasladada a Elche , a razón de 100.000 € anuales, más los 11.200 € de los residuos inertes que durante 2 meses se tuvieron que llevar a Novelda, hasta que se pudieron volver a llevar a Abornasa, que es la única línea de tratamiento de las dos que tenía que sigue funcionando. Estos costes son de los últimos dos años y a partir de este mes el Ayuntamiento tendrá que pagar otros 100.000 € por los próximos 12 meses.
Por otro lado, estos señores han provocado el daño a la empresa y a los 47 trabajadores, de los que 33 fueron despedidos mediante dos ERES, al no tener Abornasa trabajo para ellos. “Son 33 familias que están pasando necesidades”.
Esta sentencia es importante porque la Generalitat la utilizó para denegar la autorización ambiental integrada que estaba en trámite y con todos los informes favorables, salvo el de paisaje que aunque no era favorable, no se debía de tener en cuenta en las actividades existentes con anterioridad a la legislación de paisaje, cosa que era aplicable a Abornasa, pues su actividad se remonta a los años 70 del siglo pasado, con más de 40 años de funcionamiento. Esta denegación de la autorización ambiental integrada está recurrida por Abornasa y en este contencioso Abornasa defiende que su permiso estaba en prórroga dentro de plazo y que no había caducado, por lo que procede que la Generalitat conceda ya la autorización ambiental integrada para la gestión de los residuos orgánicos. La línea de residuos orgánicos por tanto va a seguir cerrada hasta que no se resuelva judicialmente esta cuestión en el segundo contencioso en los juzgados.
