Así lo ha anunciado este lunes en rueda de prensa el alcalde de Crevillent, César Augusto Asencio, quien ha considerado a Crevillent “como una excepción respecto al conjunto de las Administraciones Públicas”. “El Ayuntamiento con sus recursos, el dinero ahorrado y el superávit de años anteriores no tiene la necesidad de acudir a estos sistemas de pago”, ha destacado.
En este sentido, el primer edil ha señalado que el Ayuntamiento de Crevillent “no se acogerá a este sistema, porque no tiene facturas acumuladas en los cajones y el pago se encuentra al día”. En concreto, el pago a proveedores del consistorio se sitúa en una ratio de entre 36 y 39 días, es decir, por debajo del plazo legal de pago, establecido para 2011 en 50 días.
“Hemos acelerado el pago de facturas, en contra de lo que han realizado otros ayuntamientos”, ha señalado Asencio, para quien “la buena gestión” del consistorio crevillentino se ha llevado a cabo “por el empleo, por las PYMES y por la salud financiera de las empresas”. “Disponemos de una economía saneada porque hemos sabido adaptar los gastos a los ingresos”, ha apuntado.
Decreto del Gobierno de España
El decreto, aprobado por el Gobierno de España, busca terminar con el problema de la morosidad de los consistorios, que afecta también a la continuidad de las pequeñas y medianas empresas (PYMES), a las que se les adeuda mucho dinero, hecho que pone en peligro la continuidad o no de cientos de miles de empleos.
En este sentido, César Augusto Asencio ha explicado que el Gobierno central, presidido por Mariano Rajoy, ha dispuesto “un montante de 50.000.000.000 de euros para dar liquidez y reflotar la economía de las PYMES”. “Por primera vez, los ayuntamientos podrán endeudarse para pagar facturas de gasto corriente”, ha señalado el alcalde, quien ha explicado que esta deuda, a cancelar en los siguientes cuatro o cinco años, conllevará intereses para los propios consistorios.
Así, a la hora de pagar, uno de los derechos que dará preferencia a las empresas será el descuento sobre el importe pendiente de abono y la antigüedad de la factura.
Por ello, los ayuntamientos que se acojan a este decreto tendrán que suministrar telemáticamente al Ministerio de Hacienda, antes del 15 de marzo, un formulario tipo con una lista de las facturas pendientes de pago emitidas hasta el 31 de diciembre de 2011 por sus proveedores, ya sean materiales, de obras, de servicios como luz agua, recogida de basuras o mantenimiento de edificios.
El Ministerio de Hacienda supervisará estas obligaciones de cobro y publicará la relación de lo que cada consistorio debe para que los acreedores puedan comprobar si su deuda está en la lista. De lo contrario podrán remitir la documentación y reclamar a su ayuntamiento un certificado individual, a lo que la corporación no podrá negarse. Se considerará falta grave si un funcionario incumple la obligación de expedir este certificado.
Una vez se conozca el total de las facturas, cada ayuntamiento tendrá que aprobar y presentar antes del 31 de marzo un plan de ajuste a aplicar en el tiempo de amortización previsto de la deuda y el ministerio tendrá 30 días para realizar una valoración de la situación antes de activar el mecanismo.
El decreto establece que los ayuntamientos podrán concertar operaciones de endeudamiento a largo plazo para financiar el pago a los proveedores, si bien, si los ayuntamientos que no concierten la operación de endeudamiento o incumplan con las obligaciones de pago, el organismo competente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas se encargará de efectuar las retenciones que procedan con cargo a las órdenes de pago que se emitan para satisfacer su participación en los tributos del Estado que perciben los ayuntamientos para su financiación de gastos corrientes.
El alcalde de Crevillent ha considerado “muy positivo” este decreto del Gobierno de España para sanear las cuentas de los consistorios y ha apuntado que este plan “se podrá extender a las Comunidades Autónomas en una próximo Consejo de Política Financiera y Fiscal”.
