En primer lugar se dará cuenta por el Alcalde de tres decretos. Uno exige al urbanizador que proceda a la limpieza de las zonas ajardinadas que no han sido recibidas por el Ayuntamiento, en donde han crecido hierbajos que invaden las aceras o los laterales de las calles y que molestan a los vecinos y al tráfico. En caso de que la Agrupación de Interés urbanístico que es la urbanizadora del R-10 no lo haga, el Ayuntamiento ejecutará tal medida pasando a la urbanizadora el cobro de los gastos. El Alcalde ha indicado que todos los vecinos del R-10 viven en el parque que sí que recibió parcialmente el Ayuntamiento y tienen servicios municipales de alumbrado público, alcantarillado, agua, recogida de basuras y limpieza de calles. El único servicio que no presta el Ayuntamiento es el de mantenimiento de la jardinería, porque sólo puede recibir las obras de urbanización cuando estén todas acabadas, entre las que están los jardines.
El segundo decreto obliga al urbanizador a vallar los accesos a las calles cuya urbanización está sin terminar para evitar peligros, y que tras el no cumplimiento de otros requerimientos anteriores, el Ayuntamiento ejecutará esta orden también con cargo al urbanizador.
Finalmente el tercer decreto, pone en marcha la constitución de una servidumbre de alcantarillado en un pequeño tramo del sector colindante I-5 para acceder a la red de saneamiento de la Entidad Pública de Saneamiento, con el fin de que las aguas residuales vayan a la depuradora por la línea definitiva de conexión, en lugar de a través de una toma provisional, como sucede actualmente. Antes no estaban de acuerdo los propietarios del I-5 en permitir servidumbre pero actualmente sí.
Finalmente , la Agrupación de Interés Urbanístico ha solicitado una nueva y última prórroga de dos años de suspensión de las obras de urbanización , de acuerdo con la ley, apoyándose en la actual situación de crisis económica e inmobiliaria. En este sentido, el Alcalde ha indicado que de momento la prórroga de la suspensión se concederá sólo por un año, pues comienza a haber indicios de aumento de la construcción y de la actividad inmobiliaria y que sólo en caso de que el año próximo no mejore la actual situación, se podía volver a conceder un último año de prórroga en la suspensión de las obras. Sólo agotado ese plazo de cuatro años de suspensión, el Ayuntamiento podría entonces resolver el programa de actuación urbanístico adjudicado a la Agrupación de Interés Urbanístico y rescatar la gestión directa del sector para el Ayuntamiento.
