Los presupuestos se aprobaron y se remitieron a publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, teniendo un plazo de 15 días para la entrada en vigor, pero ahora con esta alegación se interrumpe ese plazo y por lo tanto es como si no se hubiera aprobado aún el presupuesto.
La primera autoridad señala “esto nos obliga a llevar esta alegación a los servicios técnicos y una vez estén evacuados los informes se tendrá que convocar una Comisión de Hacienda para discutir la alegación y después de ese dictamen de Hacienda, en función de lo que se dictamine, si procede incluir esa alegación en el Presupuesto habrá que modificar la partida y si no procede quedará tal y como se aprobó”. El siguiente paso, según explica Asencio, es llevar nuevamente a Pleno la validación de la Partida del Presupuesto y en ese caso, a partir de ahí, volver a publicar en el Boletín Oficial de la Provincia, con un nuevo plazo de entrada en vigor. “Todo esto, apunta el Alcalde, desgraciadamente está produciendo un retraso en la entrada en vigor de los Presupuestos, perjudicando a los crevillentinos”.
La alegación presentada por Fernando Lorenzo señala que el 27 de febrero de 2017 el Pleno del Ayuntamiento de Crevillent aprobó una moción en materia de seguridad en las partidas rurales. Este acuerdo entre otros puntos, recogía el compromiso explícito de destinar una partida presupuestaria de 45.000 euros en el presupuesto de 2017 para contratar un servicio de vigilancia privada en los núcleos rurales. Los alegantes manifiestan que la aprobación inicial del presupuesto no incorpora esta partida de 45.000 euros, a pesar de que este fue un compromiso adquirido por acuerdo del Pleno.
El Alcalde por su parte cree que esta alegación tiene “poco recorrido porque el tema ya ha sido debatido en el Pleno”. Asencio explica que el Ayuntamiento no infringe ninguna norma, dado que no es competencia del Consistorio pagar vigilantes privados suplantando al Estado en la partida de San Felipe o en zona del campo. “Eso no es una competencia legal del Ayuntamiento, es deber de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Por lo tanto, no se incumple ninguna norma. Es una cuestión que con cierta discrecionalidad podría hacer el Ayuntamiento siempre que el Estado emitiera un informe favorable, cosa que tampoco sabemos porque hemos enviado un informe al Estado sobre esa petición que se nos hizo en el presupuesto y aún no se nos ha contestado”.
Por último, el Alcalde lamenta “ que esta alegación perjudique a todo el pueblo, ya que el presupuesto no entra en vigor” .
