Crevillent (14-01-11).-La concejal de Bienestar Social, Juana Guirao, acompañada por varios técnicos de Servicios Sociales, ha mantenido está mañana una reunión con los habitantes de las 98 viviendas, una zona actualmente en obras para su rehabilitación. El 90% de los inquilinos ha recibido ya el auto de desahucio y el resto van a desalojar sus viviendas de forma inminente para poder continuar con el derribo. De momento, se han demolido 5 bloques. Durante la reunión, se ha explicado cuáles van a ser los derechos de cada uno en este proceso.
La responsable de Bienestar Social ha explicado que “el Instituto Valenciano de la Vivienda (IVVSA), diferencia entre los inquilinos ilegales, medio legales y legales. Los ciudadanos en situación ilegal son aquellos que han ocupado las viviendas de manera forzosa, y que no tienen derecho a reclamar una residencia propia. Los que están medio legales son los que acumulan deudas por impago, mientras que los legales son los que han realizado un buen uso del domicilio y de los espacios comunes, además de tener todos los pagos en regla”.
Juana Guirao ha señalado que el siguiente paso será estudiar cada caso para comprobar la situación específica de cada una de las familias. Para ello, este miércoles, se volverán a reunir con los inquilinos de las 98 viviendas pero esta vez, de manera individual. La ley establece para estos casos unas ayudas con vistas a proteger a niños y mayores. En este sentido, el Ayuntamiento aplicará la normativa que dicte la ley para ayudas económicas individuales y de emergencia que dan mayoritariamente cobertura a mayores y menores.
El principal problema al que se enfrentan las autoridades locales “es que existe un alto porcentaje de ilegales a los que la ley no ampara y por lo tanto, no cuentan con el respaldo de las administraciones. Por ejemplo, aquellos que no están empadronados en el municipio y han ocupado una vivienda de propiedad privada no tienen derecho asistencial”, ha indicado Guirao.
